Originally published by the Georgetown University Political Database of the Americas
En forma similar a otros países en la región caribeña, la República Dominicana ha intensificado la lucha contra la delincuencia y la violencia. Actualmente constituye en alguna medida un lugar de trasbordo de las drogas ilícitas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, asunto al que están vinculados números crecientes de pandillas y grupos delictivos, aumento del contrabando de armas, crecimiento de la tasa de robo con violencia y una percepción cada vez mas notoria de inseguridad entre los ciudadanos sobre todo en las zonas urbanas.
El número de homicidios también ha aumentado. En 2005 la policía nacional de la Republica Dominicana reportó un tasa de homicidios de 26.41 por 100.000, cifra tan alta como de algunos países como Brasil [1]. Esta cifra es el doble a la que existía en el 2000. Aunque el aumento en estos indicadores no se puede ligar a una causa específica, la especialista Mayra Brea de Cabral asevera que hay una fuerte conexión entre el número de homicidios y la cantidad de armas en las manos de civiles en el país. En un estudio publicado en 2006 [3], ella demuestra que 58% de todos los homicidios ocurridos entre enero de 2000 y septiembre de 2005 fueron perpetrados con armas de fuego, lo que significa un promedio de 2 homicidios por día. Usando las estadísticas de los primeros nueve meses del año 2005, el porcentaje de los homicidios causados por este tipo de armas llega a ser el 68% de todos los homicidios registrados.
Una gran proporción de las armas que están en manos de la población en la República Dominicana entran al país como contrabando, especialmente en la frontera porosa con Haití. Sin embargo, la legislación de 1965 aun vigente sobre regulación del uso de armas en la República Dominicana no impone limitaciones severas a su uso. Según esta legislación, los ciudadanos pueden llevar legalmente armas mientras puedan justificar la necesidad de protegerse, cumpliendo algunos requisitos determinados por la ley[4]. El resultado en los últimos tiempos ha sido un creciente y preocupante aumento de licencias para armas concedidas a los ciudadanos. Entre septiembre de 2003 y junio de de 2005, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Interior y Policía concedieron 178,193 licencias para la posesión y armas. De esta cantidad, 93.4% eran licencias privadas y solamente 6.5% oficiales [5].
Como explica Cabral, la desconfianza en las instituciones responsables de la seguridad ciudadana es tal que mucha gente se siente obligada a llevar sus propias armas. Sin embargo, una cantidad creciente de personas, especialmente jóvenes, son seducidos por el poder y estatus que les da una arma dentro de sus comunidades locales y en medio de una sociedad marcada por desigualdades sociales y económicas profundas. Por ejemplo, un estudio de Ismael Guerrero de la Universidad del Caribe demuestra que, entre 2001 y 2004, se confiscaron mas de 400 armas de fuego a adolescentes menores de 18 años [6]. Según el estudio, el crimen entre la gente joven ha crecido de una manera tan grave en la República Dominicana que cada tres horas se presenta a un adolescente al sistema judicial por haber cometido una infracción a la ley penal. También, los adolescentes son el grupo que comete más robos en el país. Según lo demostrado por Guerrero en su estudio, entre 2001 y 2004, los adolescentes fueron responsables por el 45% de todos los robos registrados en la República Dominicana.
La participación de los adolescentes en tráficos de drogas está creciendo rápidamente también. Un estudio presentado por el Banco Mundial [7] señala que el sistema de justicia criminal en la República Dominicana no permite la detención o el encarcelamiento de jóvenes menores de 13 años [8] y es por ello que los traficantes de drogas y las pandillas están utilizando cada vez más a menores para realizar crímenes. Consecuentemente el número de jóvenes perpetrando crímenes y que en contrapartida, son asesinados, sigue aumentando. Mientras que en el 2000 las muertes de los menores de edad entre 12 y 15 años por homicidio era cerca del 2%, en el 2005 este porcentaje había crecido a casi el 20% [9]. Las detenciones de menores de edad siguieron una tendencia similar, triplicándose entre 2000 y 2003. Y aunque las detenciones de menores de edad comenzaron a declinar en 2004 y 2005, las detenciones relacionadas con las drogas ilegales y la tenencia ilícita de armas no han presentado ninguna disminución.
Determinado a enfrentar al crimen y una creciente violencia, el gobierno de la República Dominicana ha tomado medidas importantes para reforzar y mejorar la seguridad ofrecida a sus ciudadanos. En el 2005, el Plan de Seguridad Democrática se lanzó para ponerle énfasis a las acciones policiales preventivas y fueron creados una serie de programas dirigidos a la educación, a los deportes y la vivienda en áreas de la alta vulnerabilidad. En el campo legislativo, también se han dado importantes avances. Desde 1998, no hay barras legislativas a la extradición de nacionales dominicanos a los Estados Unidos, donde estos son sometidos a juicio por narcotráfico. También, en 2002, hubo la promulgación de legislación contra el lavado de dinero que impone condiciones restrictivas para los depósitos del dinero y otras transacciones, haciendo más difícil invertir el dinero que proviene del narcotráfico.
Como un balance puede decirse que se avanzado en el sector de la policía, donde un nuevo liderazgo ha expulsado a funcionarios implicados en asesinatos, tortura y corrupción, promoviendo una nueva cultura centrada en el respeto a los derechos humanos. Un ejemplo fue la detención de un vicecónsul dominicano asignado a Haití por transporte de armas y casi 90 libras de drogas ilegales a la República Dominicana. En resumen se aprecia un mejoramiento significativo en los temas de seguridad ciudadana y también un enorme paso en contra de la corrupción oficial.
Aunque todavía queda mucho por hacer para garantizar una República Dominicana mas segura para todos sus ciudadanos y a los visitantes, los esfuerzos hechos en el sector de seguridad ciudadana parece que están en la dirección correcta , la de una policía profesionalizada que actúa firmemente en el marco del respeto a los derechos humanos y con la participación y alianza con los ciudadanos.
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[1] La tasa de homicidios de Brazil, de acuerdo al Ministerio de Saludo fue de 28.9 en 2003.
[2] El año 2000, la tasa de homicidios en el país fue de 13.09 por 100.000 habitantes según lo reporto la Policía Nacional.
[3] Cabral, Mayra Brea de Cabral y Edylberto Cabral Ramírez, “Homicidios y Armas de fuego en República Dominicana”, Psicología Cientifica, mayo 2006. Available at: http://psicologiacientifica.com
[4] The exceptions for acquiring and carrying gun include people under 18 years old, mentally insane, drug addicts and alcoholics, as well as those condemned by the Justice or facing a trial. The requirements are the payment of corresponding fees, medical exams (anti doping proof and mental sanity), insurance payment and a certification of the solicitant’s participation in a theoretical workshop for using a gun as well as in practices of shooting. A project intended to better control the emission of guns licenses has already been introduced to Congress and awaits vote.
[5] Ver “Homicidios y armas de fuego en Republica Dominicana” and based in official data from the Interior and Police Secretariat.
[6] Guerrero, Ismael, “Delincuencia Juvenil en la Republica Dominicana”, Universidad del Caribe, n/d.
[7] United Nations Office on Drugs and Crime and Latin American and the Caribbean Region of the World Bank, “Crime, Violence and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean”, 2007.
[8] Esta prohibición se estableció a partir de la Ley 136/03 (Código para el Sistema de Protección y los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), articulo 223 que se refiere a los niños bajo los 13 años.
[9] United Nations Office on Drugs, 2007, 65.
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